- La Policía Ministerial les aseguró 75 cheques, 6 chequeras y 11 tarjetas bancarias
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), a través de un trabajo conjunto a cargo de la Fiscalía Metropolitana y la Policía Ministerial del estado, logró la ubicación y captura de cuatro sujetos que están vinculados con operaciones bancarias presuntamente ilícitas. Al momento del aseguramiento les fueron encontrados 75 cheques, 6 chequeras, 11 tarjetas de crédito y varias identificaciones a nombre de diferentes personas.
Los detenidos son: Luis Raymundo Herrera Osorno y José Vicente Morales Gamboa, ambos de 23 años de edad; Israel Federico Montiel Gálvez, de 36, y Luis Martín Sierra Cortés, de 45 años, todos originarios y vecinos de la ciudad de Puebla.
El pasado viernes los cuatro individuos fueron detenidos en el estacionamiento del centro comercial Cruz del Sur, luego de que ofrecieran a elementos de la Policía Ministerial 40 mil pesos en efectivo y un vehículo marca BMW –que cuenta con reporte de robo en el Distrito Federal-, a cambio de no ser llevados ante el Ministerio Público para que declararan con respecto a la procedencia y posesión de casi un centenar de documentos bancarios e identificaciones personales.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur y la Policía Investigadora, dentro de la averiguación previa 2942/2012/SPCHO, se presume que los detenidos han intervenido en diversas operaciones mercantiles como transferencias electrónicas, depósitos, retiros de efectivo y cobro de cheques por montos que van desde 10 hasta 40 mil pesos.
Reportes policiales arrojan que los detenidos realizaron las transacciones en diferentes instituciones utilizando cuentas bancarias que están a su nombre, obteniendo en promedio mil pesos como comisión por cada operación mientras que el resto lo entregaban a un sujeto aunque hasta el momento no se ha precisado el origen del dinero.
En las próximas horas los cuatro individuos serán puestos a disposición de la autoridad judicial bajo cargos por cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita, en tanto que la PGJ, a través del ministerio público y Policía Ministerial, continúa con las investigaciones en torno a otras personas implicadas en las referidas operaciones bancarias.
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